Memorándum mecanografiado emitido por la Corte Suprema mediante la cual se solicita reemplazar inciso N°1 del artículo 32 del Decreto Ley N°600, de 11 de julio de 1974, sobre Estatuto Inversionista Extranjero. Incluye reproducción de proyecto de decreto ley que indica.

Reproducción del Proyecto de Reglamento de 1975 para el Decreto Ley que normaliza la tramitación de los Decretos Leyes de la Junta de Gobierno. El proyecto busca formalizar la integración y los procedimientos de los órganos de trabajo para lograr un proceso legislativo funcional y eficiente, permitiendo además la participación de organizaciones técnicas y representativas.

Informe elaborado por la Junta de Gobierno mediante la cual se analiza un Proyecto de Decreto Ley sobre Pensiones, recomendando estudiar los Títulos I (aumento de pensiones) y II (modificaciones a regímenes), por no respetar los derechos adquiridos. Asimismo, se recomienda aprobar el Título III que otorga bonificación especial a activos y pasivos.

Reproducción de texto sustitutivo del Proyecto de Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades elaborado por la Cuarta Comisión Legislativa y aprobada por la Junta de Gobierno el 06 de julio de 1987.

Borrador con Proyecto Ley que establece órganos de trabajo de la Junta de Gobierno y fija normas sobre procedimiento legislativo.

Reproducción de Decreto Ley mediante la cual se establece Consejo Legislativo de la Junta de Gobierno como un órgano consultivo exclusivo, con la función de asesorar a la Junta en la formulación de la política legislativa y verificar que los proyectos de Decretos Leyes se ajusten a los principios generales de la normativa vigente.

Reproducción de texto mecanografiado comparado que establece y contrasta las diferencias entre el Decreto Ley N° 527 y el Proyecto de Ley que aprueba los Estatutos de la Junta de Gobierno.

Informe mecanografiado de Claro y Cía., mediante la cual se critica el Decreto Ley N°1283 de 16 de diciembre de 1975 por vulnerar las garantías de igualdad y propiedad, al imponer un impuesto del 85% sobre las restituciones de bienes recuperados. Se advierte que el DL produce una mala impresión en los círculos financieros internacionales y atenta contra la independencia del Poder Judicial.