Informe mecanografiado elaborado por la Junta de Gobierno en 1980 mediante la cual se presenta un estudio de tarifas a cobrar por servicios para un sistema de información, proponiendo dos modelos: costo mensual fijo y costo mensual variable (por uso o duración). El análisis detalla los costos de conexión, consulta e impresión, y evalúa la equidad y complejidad de cada modelo. Se concluye que la única alternativa viable de evitar el uso malicioso por parte de usuarios remotos, sin limitar el servicio o encarecerlo, es estipular la prohibición de venta la información en el contrato.